Cuando una empresa de formación busca financiación pública para sus proyectos, casi siempre se encuentra primero con la formación bonificada: el crédito ligado a la cotización por Formación Profesional que gestiona FUNDAE. Es la vía más conocida, pero no la única, y cada vez menos empresas de formación la ven como la mejor.
Dos vías distintas, no la misma cosa
La formación bonificada es un crédito que cada empresa tiene para formar a su propia plantilla: se paga la formación y luego se recupera el coste vía bonificación en los seguros sociales. Una licitación pública de formación es otra cosa: una administración necesita que alguien imparta una formación concreta, saca un concurso público, y adjudica el contrato a la mejor oferta. No es un crédito propio que se recupera: es un contrato que se gana.
Por qué cada vez más empresas cambian de vía
La formación bonificada arrastra una burocracia que no ha dejado de crecer: comunicaciones de inicio y fin, justificación exhaustiva de cada coste, documentación que conservar durante años y el riesgo constante de una «no conformidad» que obligue a devolver lo bonificado. Muchas empresas de formación con las que hablamos están, literalmente, cansadas de tramitar subvenciones.
Las licitaciones públicas, en cambio, tienen una burocracia y una justificación económica bastante más ligeras una vez adjudicadas. El esfuerzo se concentra al principio, en preparar una buena propuesta, no en un goteo constante de trámites durante meses.
¿Cuál encaja mejor con tu empresa?
No hay una respuesta única: depende de vuestra plantilla, de vuestra capacidad para preparar propuestas y de cuánta burocracia estáis dispuestos a asumir a cambio de la financiación. Si quieres verlo con tus propios datos, hemos preparado un autodiagnóstico de 30 segundos que compara ambas vías para tu caso concreto.
Si lo que más os frena es el coste de intentarlo, conviene saber que no todos los gestores de licitaciones cobran igual: este es el modelo que de verdad debería importaros.